“Me indigna que personalidades de la judicatura y de la defensa de los Derechos Humanos que deberían honrar su historial y apellidos, elaboren informes que presentan al narcotraficante Laureano Oubiña como víctima de persecuciones policiales injustificadas”, dice un magistrado que pide mantener el anonimato.
Su indignación estalló la última semana durante un juicio a esta “alimaña social”, según define el magistrado al camionero Oubiña, ahora multimillonario gracias al tráfico de drogas. La causa, una de las varias que le esperan, se refiere a una importación en 1997 de seis toneladas de hachís.
“Yo respetaba enormemente a don Federico Carlos Sáinz de Robles, expresidente del Tribunal Supremo. Para mí era un prototipo de jurista y escritor de gran altura. Leía con igual pasión sus sentencias que sus estudios sobre Albert Camus y Nicolás Gogol. Parecía digno hijo de su padre, que era un respetado polígrafo fallecido en 1983”, añade.
Su admiración acabó cuando supo que Sáinz de Robles, retirado de la judicatura, aceptó desacreditar algunas pruebas contra el narcotraficante en un informe, él supone que muy bien pagado, que deberían haber elaborado “personas de menos fuste y honorabilidad”.
Otro apellido respetable al lado del narco es el de su abogado, Joaquín Ruiz-Jiménez, hijo del ministro de Franco que se hizo su opositor, que fue Defensor del Pueblo y hasta hace poco presidente de UNICEF-España, organización de la ONU para proteger la infancia, casi siempre víctima de los narcos.
“Joaquín, hijo que no respeta la historia de su padre. Se presenta como líder de organizaciones de los Derechos Humanos y a la vez parece haberse especializado desde hace décadas en grandes narcotraficantes”, dice el magistrado.
Ante historias así pierde diariamente su fe en la especie humana, “aunque para sobrevivir debo renovarla también diariamente”.