El Gobierno ha decidido sacrificar parte de los ingresos por publicidad de Televisión Española para favorecer a las cadenas privadas, especialmente a la nueva Cuatro, de PRISA, el grupo prosocialista propietario de El País y de la SER.
Aprovechando la situación, podía cerrar de una vez TVE, y así mataría a varios portadores de gripe aviaria de un tiro: satisfaría a sus aliados nacionalistas exterminando algo español, libraría a los ciudadanos de sus programas tan zafios como los de cualquier privada, y dejaría de perder, solo en 2006, unos 800 millones de euros.
Aunque debe decirse en disculpa de TVE que el resto de las estaciones públicas no se quedan detrás en baja calidad, manipulación informativa y pérdidas económicas, proporcionales a su siempre creciente tamaño.
Y siendo esas televisiones una ruina, Aragón, Baleares, Extremadura, Asturias y Murcia se suman ahora a las autonomías que ya tenían ese pozo sin fondo en el que estaban Cataluña, Galicia, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Canarias y Castilla-La Mancha.
Hasta las estaciones que tuvieron justificación porque protegían las lenguas regionales se convirtieron, con ese amparo, en dobles aparatos de agitación y propaganda, agitprop: política, al estar al servicio del poder del momento, y grupal o étnica, en algún caso racista.
Ahora, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha lanzado en emisión analógica su segunda cadena, “La Otra”, de carácter cultural, que emitía en digital: dice que para no sufrir un agravio comparativo ante regiones con tres cadenas.
Ella, que se define como liberal, enemiga de la intervención de lo público donde puede triunfar lo privado, redobla su agitprop traicionando las viejas promesas de privatizar Telemadrid, para “dar ejemplo de cómo es una comunidad tan segura de si misma que no necesita reafirmar su identidad”.
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