Vuelven a amenazar con grandes marchas. Cuando hay manifestaciones de las Mareas, Blanca de la sanidad, o Verde de la enseñanza pública, deberíamos saber cuántos de los presentes son delegados sindicales y, de ellos, cuántos liberados.
Porque en España hay 350.000 manifestantes potenciales, los delegados que dedican numerosas horas de funciones públicas a supuestas labores sindicales, por lo las pagamos aunque no trabajen, y los al menos 10.000 liberados de todo trabajo.
Como los manifestantes son menos numerosos, incluso sumando los de toda España, se ve que muchos evitan ir a trabajar protestando contra los recortes de fondos públicos que supuestamente se denuncian.
Que no extrañe ese absentismo: en Jerez de la Frontera acaban de aparecer dos dirigentes de la CGT y algunos más de CC.OO y UGT, de los que no se supo nada en quince años; cobraban pero nunca habían trabajado y sus teóricos compañeros ni los conocían.
Todos los sindicatos acarrean numerosas historias parecidas, pero nadie se atreve, ni siquiera la derecha, a denunciar esa gigantesca corrupción.
Que es señal de que Franco sigue vivo en muchas instituciones que habían luchado contra su régimen, y que mantienen aún de su leyenda.
Los partidos políticos, sin embargo, carecen de esa bula porque usan corbata; y al contrario, nadie quiere ir contra la “clase obrera”, cuyos dirigentes en la cárcel eran más desarrapados, visibles y heroicos.
El recuerdo en prisión, por ejemplo, de los fallecidos Ramón Rubial de UGT y socialista, y Marcelino Camacho, de CC.OO. y comunista, hace aún simpáticos a sus herederos, “obreros explotados” cuya historia quiere usurpar desarrapándose Podemos.
Sólo racionalizando el número y horas de trabajo de delegados sindicales y liberados se ahorraría más que con la reducción de fondos públicos a sanidad y educación, pero a esa “descorruptización” no se atreve nadie.
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