La caída del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Divar, es más consecuencia de una guerra entre jueces conservadores y supuestos progresistas que de una denuncia por el uso de 30.000 euros para viajes de lujo durante cuatro años.
Al iniciarse la democracia los jueces más politizados crearon unas asociaciones que ahora, tres décadas después, manejan el gobierno judicial, el CGPJ, siguiendo las ideologías dominantes, con magistrados afines al PP y otros que obedecen al PSOE.
De los algo menos de 5.000 jueces españoles, unos 1.900 pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y a la moderada Asociación Francisco de Vitoria, y unos 530 a la minoritaria, prosocialista y procumunista Jueces para la Democracia (JpD). Hay un par de asociaciones más poco relevantes.
Los jueces verdaderamente independientes, los no asociados, son casi 2.000, y no tienen participación alguna ni poder en el CGPJ.
Ese es el drama, porque los independientes, precisamente, son quienes suelen impartir la justicia más neutral, menos ideológica y más apegada a la ley y al sentido común.
Hay una gran desproporción numérica entre los militantes –llamémosles así—de los conservadores y los gochistas, pero como los poderes en el Parlamento están más equilibrados, el PSOE siempre consigue saltarse la proporcionalidad e imponera los suyos como casi iguales en el CGPJ.
Al tener tanto poder consiguen neutralizar a los mayoritarios conservadores, incluyendo la denuncia por gastos desmesurados contra Divar, miembro del Opus Dei extrañamente propuesto para el cargo por Zapatero.
La acusación viene de un miembro del CGPJ socialista que no es juez, sino abogado de Garzón y profesor universitario, que quizás debería estar procesado por cooperación con el terrorismo.
Él fue quien reconoció ante ETA como mediador del gobierno Zapatero que Interior había alertado a los terroristas de la redada del “Caso Faisán” para que huyeran.
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