Nadie debe tomar como anécdota exótica que una veintena de norteafricanos residentes en Tarragona secuestrara hace unos meses a una mujer acusada de adulterio para que un tribunal de diez hombres, piadosos salafistas, ordenara ejecutarla.
Como acaba de saberse, la víctima salvó su vida huyendo en un descuido de sus verdugos y entregándose a la policía catalana, lo que permitió descubrir que en España ya se aplica la ley islámica, la sharia, cuyas penas llegan a la muerte por latigazos, degollamiento o lapidación.
Pero la opinión pública española ni se inmutó. Está narcotizada por el buenismo, el multiculturalismo y el relativismo de la corrección política y de esa “Alianza de Civilizaciones” que ordena respetar las brutalidades de “otras culturas”, y que se autoinculpa porque hace muchos años sus antepasados hacían cosas parecidas.
El problema es mucho más grave, aparte de que puede afectar a un porcentaje menor o mayor de los 1,5 millones de mahometanos que se supone que hay en España, de los que 750.000 podrían ser mujeres, víctimas potenciales de los piadosos salafistas.
El problema, realmente, es que en parte de Europa comienza a aceptarse la sharia para resolver pequeños conflictos en la comunidad islámica, como ocurre en varias partes del Reino Unido donde los jueces, desbordados por el trabajo, ven un alivio en esas leyes.
Marya Shabir, musulmana y miembro de de la Coalición Nacional de la Mujer en el País de Gales, advierte que cuando hay tribunales islámicos y las musulmanas no acuden a ellos, sino a los ordinarios, son estigmatizadas y condenadas por su comunidad, incluso su familia, que exigen devolverlas a la esclavitud medieval.
Aceptada tácitamente la sharia, sus tribunales irán juzgando casos crecientemente importantes y dictarán más penas de muerte como la de Tarragona.
Como acaba de saberse, la víctima salvó su vida huyendo en un descuido de sus verdugos y entregándose a la policía catalana, lo que permitió descubrir que en España ya se aplica la ley islámica, la sharia, cuyas penas llegan a la muerte por latigazos, degollamiento o lapidación. (sic)
Mande? A ver, ETA secuestró y asesinó a Miguel Angel Blanco. Concluye alguien con eso que en España no hay garantías legales y existe la pena de muerte? Evidentemente no
Que alguien cometa un delito NO significa que eso sea un hecho aceptado y mucho menos "habitual" La impunidad, eso sí sería preocupante. No es el caso
Publicado por: Nemigo | sábado, 19 diciembre 2009 en 16:42