Hasta algunos políticos de derechas dicen ver impropia la concesión de 52,49 millones de euros como pensión de prejubilación a José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del segundo banco español, el BBVA, y supuestamente uno de los más solventes del mundo.
El portavoz de economía del PP, Cristóbal Montoro, apunta que la cifra "es especialmente llamativa” en medio de esta crisis económica, y Josep Lluis Sánchez Llibre, de CiU, partido de la burguesía catalana, la ha calificado como "un mal ejemplo”.
Rosa Díez, líder de UPyD y proveniente de la izquierda, proclama que es una obscenidad, aunque sea legal porque el banco es privado.
Algo parecido dicen notables miembros del PSOE, aunque el Gobierno, por boca del ministro de Trabajo, sólo advirtió que con medidas así ningún empresario puede pedir abaratar los despidos o reducir los gastos sociales.
El BBVA, que se sepa, no necesitó ayudas estatales, de momento. Como cualquier empresa privada puede hacer con su capital lo que desee, por lo que no debe negársele el derecho de concederle a Goirigolzarri tan generosa pensión, que es igual al sueldo de Fernando Alonso en dos años con Ferrari, o tres años y medio de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid.
Pero es que estos directivos que controlan el dinero de los demás en sociedades que no son suyas, o en las que tienen participaciones minoritarias, se asignan a su gusto sueldos, premios, bonos y jubilaciones.
La última reunión del G-20 trató de corregir la situación, pero sólo emitió una declaración de principios sin establecer los límites, medios, ni el calendario para intervenir los bonos y premios que los directivos de sociedades financieras se dan a si mismos.
Lo malo es que, a la vez, el BBVA y otras entidades financieras aplican numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) a sus trabajadores y le cargan a la Seguridad Social gran parte de las prejubilaciones. Con aprobación del Ministerio de Trabajo.