Un ejemplo del desamparo de los inmigrantes en un país cuyas autoridades decían hace poco más de un año que necesitaba millones de extranjeros, es el de Franns Melgar Vargas, boliviano al que una máquina le amputó su brazo izquierdo, y cuyo patrono lo abandonó a 200 metros de un hospital, para arrojar después el miembro a la basura.
Franns, 33 años, había llegado en 2006 siguiendo el “efecto llamada” de la propaganda gubernamental. Cobraba 700 euros mensuales por doce horas diarias de trabajo en una panificadora de Gandía, Valencia.
El caso hace plantearse la misma pregunta de siempre que ocurren tragedias así: ¿cuántos irregulares como Franns hay en España en trabajos más o menos peligrosos?
Respuesta: no hay cifras ciertas. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) estima que actualmente residen aquí 4,5 millones de inmigrantes, el diez por ciento de la población.
De ellos, sólo 1,65 millones están legalizados, y menos de 800.000 cotizaban a la Seguridad Social cuando todavía no era visible la crisis económica.
Hay, por tanto, alrededor de tres millones de inmigrantes que no se sabe qué hacen o cómo los explotan. La mayoría llegó en los años de Rodríguez Z., y con Jesús Caldera como ministro de Trabajo entre 2004 y 2008.
Era Caldera quien producía ese “efecto llamada” a Melgar proclamando que España iba a necesitar en pocas décadas hasta doce millones de inmigrantes, y quien, tras regularizar a un millón de ellos, justificaba indirectamente su explotación a 700 euros al mes, 12 horas diarias: “Hacen los trabajos que los españoles no quieren”.
Este país de parados funciona aún, quizás, porque ni sindicatos ni autoridades se preocupan por los inmigrantes hasta que les ocurre algo tan escandaloso como a Franns Melgar Vargas. Entonces, se ponen jeremíacos entre exclamaciones de falsa indignación.
Los gobiernos españoles (este y los anteriores) nunca se han tomado en serio la lucha contra la economía sumergida. Son millones los que viven de esa economía que provoca situaciones aberrantes y angustiosas como a la que haces referencia en esta entrada.
Si no existiera el trabajo ilegal, no existiría la inmigración ilegal.
No conozco ningún empresario que haya sido detenido o multado por contratar trabajadores sin papeles. Sin embargo si conozco empresarios (pequeños empresarios) que han tenido que cerrar sus empresas por la competencia desleal provocada por la economía sumergida.
Publicado por: José Javier | martes, 16 junio 2009 en 18:44