La Guardia Civil es un cuerpo militar, como cualquier arma del Ejército, aunque actúe como policía y en ocasiones reciba trato cercano, familiar, de paisano.
La situación económica y social de sus miembros es tan angustiosa que, a pesar de la disciplina que les impone el Cuerpo, muchos se manifestaron masivamente uniformados hace pocos meses en el centro de Madrid.
El Gobierno rechazó atender sus grandes necesidades. Sólo aceptó una demanda: la de regular su derecho constitucional de asociación, su futura sindicación.
El Ejecutivo ganaba tiempo así. Porque no se atreve a plantearle a sus socios nacionalistas, que quieren disolver la GC, que hay que pagarle mucho más a quienes mantienen la ley en gran parte del país.
Ya ha comenzado a tramitarse el Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la GC, que reconoce ese derecho de asociación.
Derivada: a finales de mayo se cumplió el cuarto aniversario del accidente aéreo del Yakolev 42 en Turquía, en el que murieron 62 militares españoles que volvían de Afganistán, y aún no se ha hecho una "investigación imparcial" sobre el caso, denuncian las familias de los fallecidos.
Es natural que nadie les atienda: estos militares ni siquiera pueden formar asociaciones que defiendan sus derechos. Los guardias civiles van camino de lograrlo.
Aquí viene el problema: si la GC es militar --y debería seguir siéndolo como los demás cuerpos similares extranjeros--, tendría que concedérsele también a todos los demás militares ese derecho de asociación.
Pero como será no, los miembros de los ejércitos deberán salir a manifestarse como hicieron los de la GC para exigir poder asociarse. Sindicarse.
Nada que temer: no desfilarán marcialmente. Sólo cantarán arriba los pobres del mundo, en pié famélica legión.
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