El ciudadano que por cualquier motivo de justicia se enfrente a alguien de cultura no española, o que dice que se siente maltratado por el mundo occidental, corre el peligro de ser tachado públicamente de racista y xenófobo.
Le pasó a los guardias civiles de Buitrago de Lozoya que en la madrugada del 5 de diciembre de 2003 le dieron el alto por exceso de velocidad a un BMW en el que viajaba quien dijo ser Yussef Ben Sala.
Llevaba dos maletas con ropa etiquetada y con chivatos antirrobo, naturalmente robada, tres grandes cuchillos, una maza de las que “hacen daño" y "un fajo de billetes de 50 euros grueso como un dedo".
“Nos gritó que éramos unos racistas y que nos íbamos a enterar", revelaron los agentes en el juicio por las masacres del 11M. Lo dejaron marchar, y tres meses después lo identificaron por las fotos de los atentados. Era El Chino, presunto jefe del comando islamista.
¡Racistas, racistas! Numerosos jueces castigan a la policía ante cualquier denuncia de racismo, incluso poco probada. La delincuencia goza de magnífica y creciente salud gracias a este prejuicio que ayuda a que los agentes se inhiban muchas veces de sus obligaciones.
Aparte de los jueces también es culpable la ciudadanía que sólo para no aparentar racismo mantiene un equivocado antirracismo exigiendo indulgencia con los delincuentes de las minorías.
Ciudadanía generalmente protegida con seguridad privada. Que exigen en artículos y declaraciones públicas que los ciudadanos comunes no se defiendan y que esos delincuentes sean juzgados con poca severidad porque sus antepasados quizás fueron explotados “por nosotros”.
Cualquiera que se rebele contra esa idea será calificado como racista por esos megamulticulturalistas que con sus proclamas creen comprar un seguro antidegüellos para el día de mañana.
Habría que saber si también llevaba algún número de teléfono recomendado a donde llamar si tenía problemas...
Publicado por: JoseAngel | jueves, 19 abril 2007 en 12:29