Un relator de la ONU acaba de alertar contra la especulación de la vivienda en España, y sin embargo ningún organismo como el suyo le afea al Gobierno su proyecto de pillaje sobre nuestros derechos cívicos.
Es cierto que la vivienda es cara y nos hipoteca. Pero este es el único país del mundo con el 82 por ciento de las familias propietarias de su casa.
Los españoles deben protestar por el precio de sus viviendas. Aunque es chocante que lo haga la ONU, formada por multitud de naciones con tanta gente sin lecho donde dormir.
Y es extraño que presente la denuncia Miloon Kothari, un funcionario hindú. España puede ser criticada por representantes del mundo rico, pero sorprende que lo haga quien debería transformar primero su país, infinitamente más pobre.
Tenemos problemas con la vivienda. Provocados por la demanda, la corrupción y especialmente, la especulación. Con el beneplácito de ese 82 por ciento de familias que cuando venden sus pisos se benefician tanto como pueden: especuladores, todos.
Así es y está este país: parcelado y convertido en una superficie purulenta dominada por el mal gusto, por un feísmo exhibicionista.
Sin embargo, esa no es la peor de sus especulaciones. La más infamante es la de este Gobierno depredando nuestros derechos constitucionales para pagarle favores a los nacionalistas.
Porque, hasta ahora, cuando nos pisoteaban, en ultimísimo extremo teníamos el Tribunal Constitucional que debía hacernos justicia ciega, igualitaria, abstrayéndose del origen de sus miembros y del nuestro.
Pero esta Administración quiere que cuatro de los doce componentes de ese tribunal, un tercio de la corte que regula nuestras libertades, sean designados indirectamente por nacionalistas.
Las garantías de nuestros derechos individuales y colectivos en manos de testaferros de Carod-Rovira, Ibarretxe y similares.
Eso es el último y más grave caso de depredación de nuestros derechos ciudadanos. Intolerable especulación, corrupción y pillaje.
Me parece que quijotes ya hubo uno y, a veces se hace, demasiado el quijote.
No creo que se el propietario de un piso deba hacer "el quijóte" vendiendo su piso por debajo del precio de mercado.
Lo que sí se debe hacer es controlar a esas grandes empresas capaces de comprar todo y a todos y a su vez a esos alcaldes que se venden por doquier. Hasta en el pueblo más pequeño hay corrupción urbanística.
Por otra parte que, ni el Tribunal Constitucional sea independiente, es una muestra más de la corrupción política de este país. Y, parece que no va a menos.
Bendita Europa que pone freno en algunas cosas, porque de lo contrario, ya nos habríamos erigido como la república, bananera, de Hugo Chavez.
Publicado por: Un realista | lunes, 04 diciembre 2006 en 12:27