La Constitución nos dio las libertades democráticas que necesitamos, pero desde su aprobación los políticos han ido recortándolas.
Y ahora, la Abogacía del Estado nos oprime más aún y contribuye a impedir que seamos como nos permite la gran Ley.
Gobierno y numerosas CC.AA. nos roban nuestros derechos. Nos imponen los mandamientos político-religiosos de los partidos dominantes en cada administración. Han convertido su ideología en fe de observancia obligatoria.
Y la Abogacía del Estado, cuyos funcionarios deberían ser constitucionalistas y neutros, defiende las normas contrarias a la independencia individual que imponen ya algunos estatutos autonómicos.
Para servir al Gobierno y a sus aliados nacionalistas, pero no al Estado, la Abogacía estatal se ha opuesto a los recursos contra el estatuto catalán ante el Tribunal Constitucional, formado por juristas seleccionados con los criterios políticos dominantes.
La Abogacía defiende que la Generalidad imponga el deber de conocer el catalán en Cataluña, alegando que la Constitución no lo impide expresamente.
Debería recordarse que cualquier democracia sana y verdaderamente libre permite al ciudadano expresarse en el idioma que se desee. Y no puede multarse ni perseguirse el uso de una lengua, como se hace ya en Cataluña con el castellano.
Pide también al Constitucional que se apruebe el término de nación para Cataluña, “porque expresa adecuadamente el sentimiento ciudadano”. Con similar explicación sobre el “sentimiento ciudadano” Hitler proclamó como partido único al nazi en 1934: hay ocasiones en las que los grandes cambios estatutarios requieren una decisión de alcance estatal, no regional, y sin trampas leguleyas.
La Abogacía del Estado traiciona a los ciudadanos que debería defender. Apoya las persecuciones de los aparatos políticos sobre todos nosotros.
Abogacía del Estado al servicio del Gobierno: basta ya de intolerantes religiones ideológicas inmiscuyéndose en las vidas ciudadanas.
Me parece bien como comentario que se oponga a la forma de actuación de los "estómagos agradecidos" pero es difícil conseguir imparcialidad.
Ud. debe saber, como yo, que no hay ley de función pública y por tanto no existe concurso oposición para cubrir determinados puestos y, en caso de que se haga por concurso, no se preocupe, para adulterarlo existen los méritos que muchas veces, no són otra cosa que una selección previa de los candidatos.
Sabe Ud., como yo, que CIU nombró "a dedo" la mayoría de los funcionarios, pasando previamente varios filtros para que nadie, que ellos no quisieran, se colara.
Despues, estos funcionarios, de una u otra manera consolidarón sus cargos.Posteriormente, vinieron PSC-ERC que se encontraron con funcionarios de CIU y ¿qué hicieron? pues en muchos casos, anular el departamento en donde prestaban servicios los funcionarios de CIU y dejarlos en espectativa de destino, y/o tasladándolos a puestos no clave, para despues crear otro departamento, con diferente nombre y las mismas funciones pero ya con funcionarios del partido.
Despues de todo esto y, mucho más ¿como no van a ser fieles al partido esos funcionarios?
Exagerando, diría yo que son más comisarios políticos que funcionarios.
Como va a funcionar la administración si los funcionarios, saben, que si no son fieles pierden el puesto de privilegio?.
De una vez por todas "LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA" y a cubrir plazas por concurso oposición sin méritos "políticos".
Cuando los funcionarios estén seguros en su puesto no serán correa de trasmisión del partido en el gobierno. ¡Vale!
Publicado por: Un desengañado | miércoles, 15 noviembre 2006 en 13:00