Catalán obligatorio

El estatut de Cataluña que obliga a conocer el idioma autóctono a los residentes en la comunidad convertirá en parias a quienes no lo dominen, pero Gobierno y Generalitat presentan como un avance progresista esa segregación neonazi.
Los nacionalistas quieren hacer lo mismo en Galicia. Así, las dos comunidades podrán exportar su capital humano al resto de España, pero bloquearán la entrada en sus territorios del capital humano competitivo de las otras 15 comunidades. El País Vasco es un caso para tratar aparte.
El cronista, cuyo idioma materno es el gallego, tendrá toda España para él, menos Cataluña. Los catalanes, toda España, menos Galicia. Pero Galicia y Cataluña, solo serán para nosotros, los indígenas.
Ventajismo de tahúres aldeanos que pierden la oportunidad de atraer a su tierra a las mejores mentes y profesionales hispanohablantes y de otros idiomas. E inconstitucional, porque impide la igualdad de los ciudadanos a través del castellano, la lengua común.
El cronista fue acogido en toda España, incluso en Cataluña antes del hegemonismo nacionalista, como millones de españoles que llegaban desde todas partes con tan diferentes acentos. Y en Latinoamérica se le recibió como a todos los españoles a los que les llaman gallegos. Que, naturalmente, obtienen trabajo hablando castellano.
Ni siquiera en la dictadura el cronista tuvo que salvar las fronteras lingüísticas que levanta ahora una democracia para defender, se dice, las lenguas perseguidas por Franco, quien primaba el castellano, pero hace tanto tiempo que ya pasó una generación desde entonces.
Imaginemos que alguien en Canarias decide que allí es obligatorio el dulce acento de las islas, que en Andalucía se exige el andalú, que hasta tiene gramática escrita, que los asturianos rechazan a quien no hable bable, y así sucesivamente.
Una represalia proporcionada, compensación al repudio de catalanes y quizás gallegos al resto de los españoles. Lo que también sería un nuevo nazismo como este que el socialnacionalismo del Gobierno central y la Generalitat presentan como medida progresista.