El Gobierno tenía dos salidas para el terrorismo etarra: seguir aplastándole la cabeza a la serpiente que lo representa, o levantar el pie que lo asfixiaba y dejarlo respirar.
Ha elegido reducir la presión y el ofidio está rellenando sus cápsulas de toxina mortal para agredir a cualquiera que no sea político electo, según sus últimas amenazas.
Cuando las víctimas de los ataques de ETA supieron que iba a producirse este acto de clemencia y exigieron con manifestaciones que se siguiera aplastando al reptil, los aliados del Gobierno los acusaron de ultraderechistas, advirtiéndoles que el destino de la serpiente era responsabilidad del Parlamento.
Ahora ha comenzado una campaña contra la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), organización mayoritaria de supervivientes y familiares de los asesinados por ETA, a la que también pertenecen numerosos damnificados por las masacres islamistas del 11M.
Las víctimas no tienen nada que exigir, advierten amenazantes algunos partidos nacionalistas no excesivamente alejados de las metas políticas de los terroristas.
Además de no poder recuperar a sus familiares o los mutilados su propia integridad física, las víctimas no pueden requerir justicia: el presidente del Gobierno ha llegado a indicar que, como nadie sabe qué pensaban los asesinados antes de morir, sus familiares no deberían censurar las posible transacciones con los terroristas.
Irene Villa contestó recordándole que no odia, pero que no tener piernas le concede derechos: las víctimas son inocentes sacrificados que demandan rectitud.
Es que sin terrorismo no habría víctimas, y sin víctimas no habría terrorismo. Esa es la realidad: el terrorismo solo existe para provocar víctimas, por lo que ellas son las principales protagonistas del drama.
Por tanto, podrían y hasta deberían exigir participar en las negociaciones con los terroristas.
Solo ellas tienen derecho a perdonar o de atenuar su demanda de aplicación estricta de la ley. Y ningún gobierno o parlamento debería usurparles ese papel en la pacificación.