Al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, debe reconocérsele su valentía frente al terrorismo más poderoso, cruel y corrupto de América, aunque lo denuncien como antidemócrata alguna izquierda y Amnistía Internacional (AI).
Pese a la actitud de ambas organizaciones, el Gobierno español lo recibió estos días con honores, reconociéndolo como alguien que está recuperando la paz en amplias zonas de su país y acosando a los terroristas de izquierda y de ultraderecha.
Actitud del gobierno Zapatero que quizás sería diferente si el vicepresidente colombiano no fuera el periodista Francisco Santos, que trabajó exiliado en Madrid para el grupo PRISA.
Con crecientes e importantes intereses en su Colombia, los medios como la SER y El País presentan una imagen humanista, amable e inteligente de Uribe.
Frente a este retrato, Izquierda Unida y AI denuncian al Gobierno colombiano como represor de los derechos humanos por perseguir a las FARC y a sus aliados, que se echaron al monte hace cuarenta años siguiendo el romántico ejemplo de Fidel y del Ché.
Y que han transformado sus 29.000 efectivos en narcoterroristas que controlan amplias zonas cocaleras. Igual que las bandas paramilitares ultraderechistas, formadas por unos 9.000 combatientes que aparecieron en los años 1990 paran proteger a terratenientes y narcotraficantes.
Uribe le ha ofrecido la reinserción a los militantes de éstas y otras bandas terroristas, pero las organizaciones filocomunistas y AI rechazan que la Ley de Justicia y Paz que ha propuesto su Gobierno ampare a los paramilitares, alegando que han cometido enormes masacres.
Lo que es cierto. Aunque sus crímenes no fueron mayores, sino numéricamente inferiores a los de las FARC de Manuel Marulanda, “Tiro Fijo”, secuestrador de millares de personas, torturador y matarife de decenas de millares en ejecuciones individuales y masivas, y al que no denuncian ni AI ni otros supuestos progresistas.