Francisco Franco era un dictador pequeñito presentado como un gigante en muchas estatuas ecuestres que tenía por España y que retiraron masivamente tras iniciarse la democracia.
En Madrid quedaba una, semioculta en una esquina de una plaza segundona. Y Rodríguez Zapatero le regaló a Santiago Carrillo en su 90 cumpleaños la liquidación de este último jinete.
Un kilómetro más arriba de donde lo desmontaban terminaba una cena sorpresa que le habían ofrecido al exdirigente comunista.
No estaba preparado para lo que ocurría: esperaba una reunión con algunos amigos, pero no con 300 personas, muchas relacionadas con él desde la muerte de Franco, en 1975, hasta la aprobación de la Constitución.
Antes de aquellas fechas Carrillo era un traidor para los socialistas: hijo de un líder socialista y dirigente de sus Juventudes, se las había llevado enteras al Partido Comunista de España (PCE).
Para la derecha era autor de múltiples crímenes conocido como el Carnicero de Paracuellos, donde había ordenado fusilar en pocos días, al menos, a 4.200 madrileños durante la guerra civil
Pero en 1956 propuso que el PCE impulsara la doctrina de la “reconciliación nacional”: olvidemos y perdonemos el pasado, construyamos un país sin taras heredadas. Este carrillismo facilitó enormemente la Transición pacífica hacia la democracia.
Olvidado su tenebroso pasado se volvió un héroe homenajeado solo por “los buenos”, según Peces-Barba. Se refería a los perdedores de la guerra civil, pero allí había históricos franquistas, centristas y socialistas. Aunque pocos representantes del Partido Popular, y menos comunistas.
Con la arrogancia del nuevo rico y dadivoso repartidor de bienes públicos, Zapatero se dirigió a Carrillo para anunciarle que en aquel mismo momento se iba el último Franco de Madrid. ZP sintió que estaba reescribiendo la historia con ese regalo de cumpleaños.
Pero pareció que Carrillo no lo entendió y miró hacia arriba, como si quisiera ver el diente del caballo de su viejo enemigo. Luego, puso cara de circunstancias pensando, como Felipe González, que al jinete Franco había que haberlo descabalgado en vida.
NOTA
La que sigue es la quinta y penúltima Crónica Bárbara sobre periodistas en guerra de las divulgadas como consecuencia de la muerte de varios profesionales españoles en distintos conflictos. Corresponde al 7 de noviembre de 2004.
PRIÍSMO
07/11/2004
Como padre amante y bondadoso el Gobierno catalogará, como si fueran soldados en misiones internacionales, a periodistas, cooperantes y religiosos españoles que caigan en una guerra: si los matan o mutilan, sus deudos serán indemnizados por el Ministerio de Defensa.
Todos parecen satisfechos con esta decisión, olvidando que así se pone en peligro de muerte a esos tres grupos de personas cuya supervivencia es responsabilidad suya y de sus empresas o instituciones, no del Estado ni de los contribuyentes.
Desde ahora, cualquier contendiente en una guerra podrá dispararles impunemente alegando que, al estar asegurados como militares, podían ser agentes del enemigo o espías al servicio del Gobierno español.
Por otro lado, se libera así de sus obligaciones a las empresas periodísticas y a las instituciones que deben proporcionarle a sus profesionales seguros de vida y de accidentes.
Este tutelaje gubernamental, con graciosa concesión de prebendas a labores no dependientes de la Administración, recuerda las mañosas compras de voluntades bien conocidas en el tercer mundo y, especialmente, en el México del PRI: el priísmo.
Defensa concederá 140.000 euros por periodista, trabajador de ONG o religioso muerto. No es mucho, pero la cantidad tranquiliza la conciencia de las empresas que envían a estas personas a las guerras sin seguro alguno.
El Gobierno aplica las técnicas del priísmo para que no se repita el caso del cámara José Couso, cuya familia y amigos tuvieron que realizar una gigantesca campaña informativa y de agitación para que su familia fuera indemnizada, porque cuando lo mataron en Bagdad no tenía un seguro de la empresa para la que trabajaba, Telecinco.
Centenares de trabajadores mueren anualmente sin asegurar por toda España. Deberían exigir que los militaricen al fallecer, porque también merecen cobrar indemnizaciones del Ministerio de Defensa.