Las autoridades españolas, igual que la opinión pública, se indignan cuando influyentes medios informativos, oenegés y entidades internacionales se niegan a calificar a ETA o a Batasuna como organizaciones terroristas y hablan de simples insurgentes, guerrilleros o separatistas.
Porque resultan así unos extremistas buenos: algo parecido a lo que hacen España y la Unión Europea al negarse a incluir en la lista de terroristas internacionales a la brutal organización islamista Hezbolláh.
Entre sus aportaciones al mundo del horror Hezbolláh instituyó el suicidio ritual como método de exterminio masivo. Ahora, es el posible autor del asesinato del líder libanés Rafik El Hariri, que podía haber contribuido a la paz en Oriente cercano apoyando la negociación de israelíes y palestinos.
Colombia también se queja de que numerosos grupos izquierdistas europeos y oenegés ayudan a las FARC, la guerrilla que nació con el aura romántica del castrismo.
Ahora narcoterroristas, las FARC tienen simpatizantes activos y pasivos en distintos ámbitos españoles que menosprecian la democracia colombiana, apuntalada masivamente por el pueblo.
Colombia organiza estos días el II Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, continuación del primero, celebrado en España hace un año.
El líder colombiano, Álvaro Uribe, invitó al actual presidente español y a los ministros de Interior y Defensa a asistir a las jornadas. Pero quizás porque iba a estar también José María Aznar, organizador del Congreso anterior, Zapatero ni siquiera contestó a la invitación, y los ministros declinaron su presencia.
Tampoco quiso asistir el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces Barba, que remite en su nombre a una funcionaria de segundo orden.
Todas las asociaciones españolas de víctimas del terrorismo envían a sus dirigentes. Menos la que acoge a parte de los afectados del 11M y que preside Pilar Manjón: Izquierda Unida, donde ella milita, nunca condenó a los terroristas amigos.