El Gobierno acaba de concederle a título póstumo una pensión y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a siete periodistas muertos en guerra, aunque la familia de un octavo fallecido, Miguel Gil, asesinado en Sierra Leona en 2000, rechazó los premios.
Quizás cualquier Gobierno habría hecho lo mismo. Pero ha sido ZP quien ha utilizado a los muertos para decirle a los periodistas con lenguaje melífluo: “ya véis que os cuidamos, pero a cambio también tenéis que tratarnos bien a nosotros”. Quid pro quo. Compraventa.
En España mueren anualmente algo más de mil obreros en accidentes de trabajo. Pero se les entierra en silencio.
Nadie jaleó tampoco a los marinos españoles que, como explicaba esta semana en una carta a varios periódicos el abogado José María Ruiz Soroa, murieron bombardeados por el entonces amigo Sadam Hussein.
Seis tripulantes del petrolero Tiburón, en 1984, y cuatro más en el petrolero Barcelona, de Repsol, en 1988.
“¿Por qué sus familiares tuvieron que pleitear ante los tribunales para obtener una indemnización por accidente de trabajo, mientras a los trabajadores periodistas se les concede una especial por decreto-ley? ¿Dependen las medallas y las indemnizaciones de la relevancia pública del trabajador fallecido?”, se pregunta Ruiz Soroa.
Cuando le ofrecieron la medalla a la familia de Miguel Gil, su hermano Álvaro justificó el rechazo porque, como explicó, temía que fueran a usar políticamente esa muerte: como se hizo con la de José Couso, el cámara que trabajaba para Tele5 con un "contrato por obra" sin seguro de vida adecuado para su peligrosa misión en Bagdad.
Aprovechando la angustia de su familia desamparada, se utilizó a Couso en una bochornosa campaña demagógica que culpaba a los estadounidenses de la muerte, en realidad al Gobierno de Aznar, a pesar de que cuando los periodistas vamos a las guerras lo hacemos voluntaria y entusiásticamente, sabiendo a que nos exponemos.