Cuando en 1991 el Gobierno de Felipe González contrató sustanciosos seguros de vida y de accidentes para los altos cargos de su Gobierno trataba de acabar con la enorme corrupción que se había instalado en su Administración.
El actual ministro de Defensa, José Bono, filtró días atrás la existencia de esos seguros de casi medio millón de euros creyendo que los había concertado el Gobierno Aznar: desconocía que eran cautelas. Podríamos llamarlas antirroldán.
Bono había olvidado que connotados responsables de los últimos gobiernos de González echaban mano de la caja del Estado y de los fondos reservados para hacerse saneadísimas fortunas: la de Roldán es la más famosa.
Los latrocinios eran explicables, según el punto de vista de quienes los ejecutaban: ETA los tenía en su punto de mira, en cualquier momento podía matarlos y sus familias quedarían con una pensión mínima.
Tenían que pensar en el futuro de sus allegados. No les quedaba más remedio que asaltar la caja a la que tenían acceso. Al ser de fondos reservados, raramente iban a pedirles cuentas.
Aunque, cuando uno empieza a robar y no se nota, roba más y más. No se sabe terminar, y eso fue lo que ocurrió entre los altos funcionarios de varios ministerios, especialmente de Interior.
La solución la encontró el entonces ministro Virgilio Zapatero, hoy rector de la Universidad de Alcalá, protegiendo con sustanciosos seguros de vida a los altos cargos que podrían ser víctimas de los terroristas: como si les dijera que ya no tenían motivos para seguir sisándole al Estado.
Ahora van a cancelar los contratos antirroldán, lo que vuelve a plantear el problema de que cualquier funcionario que crea estar en peligro de muerte puede sentir la tentación de echar mano de la caja.