Como padre amante y bondadoso el Gobierno catalogará, como si fueran soldados en misiones internacionales, a periodistas, cooperantes y religiosos españoles que caigan en una guerra: si los matan o mutilan, sus deudos serán indemnizados por el Ministerio de Defensa.
Todos parecen satisfechos con esta decisión, olvidando que así se pone en peligro de muerte a esos tres grupos de personas cuya supervivencia es responsabilidad suya y de sus empresas o instituciones, no del Estado ni de los contribuyentes.
Desde ahora, cualquier contendiente en una guerra podrá dispararles impunemente alegando que, al estar asegurados como militares, podían ser agentes del enemigo o espías al servicio del Gobierno español.
Por otro lado, se libera así de sus obligaciones a las empresas periodísticas y a las instituciones que deben proporcionarle a sus profesionales seguros de vida y de accidentes.
Este tutelaje gubernamental, con graciosa concesión de prebendas a labores no dependientes de la Administración, recuerda las mañosas compras de voluntades bien conocidas en el tercer mundo y, especialmente, en el México del PRI.
Defensa concederá 140.000 euros por periodista, trabajador de ONG o religioso muerto. No es mucho, pero la cantidad tranquiliza la conciencia de las empresas que envían a estas personas a las guerras sin seguro alguno.
El Gobierno aplica las técnicas del priísmo para que no se repita el caso del cámara José Couso, cuya familia y amigos tuvieron que realizar una gigantesca campaña informativa y de agitación para que su familia fuera indemnizada, porque cuando lo mataron en Bagdad no tenía un seguro de la empresa para la que trabajaba, Telecinco.
Centenares de trabajadores mueren anualmente sin asegurar por toda España. Deberían exigir que los militaricen al fallecer, porque también merecen cobrar indemnizaciones del Ministerio de Defensa.