Hace dos siglos y medio los ingenieros de nuestra Ilustración proyectaron España con canales interiores de navegación fluvial y trasvases de agua del norte a las tierras secas, sueño este último que mantuvieron todos los gobiernos hasta hace cuatro años.
Con la llegada al poder de Rodríguez Z se desbarataron doscientos cincuenta años de política hidrológica al derogar el Plan Nacional que, elaborado por el PP, era menos ambicioso que otro anterior de Felipe González.
Una decisión tan hidroilógica que ahora los políticos de las regiones altas del río Ebro quieren ordenar qué se hará con el agua en la desembocadura catalana: está escrito en el Estatuto aragonés.
Simultáneamente los políticos catalanes prefieren que sus ciudadanos sufran inundaciones a que el agua sobrante vaya a zonas secas fuera de su “nación”.
Mírese el mapa de la Península: los grandes ríos españoles, excepto el Ebro y el Guadalquivir, desembocan en Portugal; dos de ellos, Miño y Guadiana, son fronterizos.
A nadie se le ocurre protestar en España por lo que hagan en Lisboa con la poca agua del Tajo o del Duero que le dejamos llegar a Lisboa o a Oporto.
Los portugueses sí que podrían protestar porque España le roba un enorme caudal a sus ríos al embalsarlos y destinado a riegos, canalizaciones, jardines, golf y piscinas; igualmente, el trasvase Tajo-Segura no sería una agresión a Castilla-La Mancha, sino a Portugal.
Más, los pantanos que alimentan las ciudades castellanas, y también Madrid, contienen agua que antes de iba al país vecino. Y casi todos los pantanos son obra franquista: la memoria histórica deberían destruirlos, ¿no?
Dañamos a Portugal y, gracias a este Gobierno hidroilógico, rompemos la solidaridad entre los españoles: dice un refrán portugués, “De Espanha, ni bon vento ni bon casamento”.
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