Cualquier español que haya sido emigrante recordará los muchos requisitos que le impusieron y el tiempo que esperó hasta ser aceptado en países de América como Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Uruguay, Brasil o Argentina.
La propuesta recién presentada por Mariano Rajoy para integrar a los inmigrantes en España, copiada de Nicolas Sarkozy, es mucho menos restrictiva.
También es suave la de Francia que, sin embargo, antes limitaba la inmigración: el padre de Sarkozy, húngaro que huyó de soviéticos y nazis, tuvo que enrolarse en la Legión Extranjera para ser aceptado. Muchos exiliados españoles de la guerra civil tuvieron que hacer lo mismo.
El presidente francés quiere preservar las actuales libertades de su país y rechaza que Francia sea intimidada por delincuentes que explotan el garantismo de su legislación, por religiones destructoras de la dignidad humana, o por sociedades que someten a sus miembros a hábitos preilustrados.
Lógico: los países avanzados se oponen a la ferocidad que superaron hace siglos, y simultáneamente deben apoyar a quienes se adaptan a sus leyes y normas sociales.
A los emigrantes españoles en América les exigían, entre otras condiciones, un “certificado de penales”, garantía de que no eran delincuentes, una “carta de invitación” de residentes “honorables” en el país receptor que se hacían responsables legales y económicos de ellos, y exámenes médicos: allí expulsaban a quienes padecieran enfermedades infectocontagiosas o que necesitaran atención de la sanidad pública.
España, mucho más humanista, no impone esas restricciones, por lo que al menos es lógico que la sociedad sepa que los inmigrantes se esforzarán por integrarse.
Con la propuesta Sarkozy-Rajoy quienes ganan, como admiten muchos, son los propios inmigrantes deseables, la mayoría: porque como gentes orgullosas de si mismas, no serán confundidas con quienes rechazan esa integración y que no deberían, hasta donde se pueda, permanecer en el país.