El Gobierno, su partido y algunos aliados aprobaron hoy imponer un canon sobre los aparatos electrónicos –ordenadores, memorias, teléfonos móviles—, un impuesto confiscatorio de los derechos y las propiedades de todos los ciudadanos para sostener a quienes dicen producir cultura, pero que es una subcultura que le interesa a muy pocos.
Imponen ese canon para compensar el pirateo de sus producciones, dicen. ¡Pero quién va a piratearlos! Escuche usted los fondos de la publicidad en radio o televisión, donde se detecta la creatividad, la capacidad de los artistas para llegar a los consumidores: canciones en inglés, ni una de esa horripilante y autoproclamada cultura popular y audiovisual española.
Cualquiera puede decir que los periodistas no son mejores que esos conciudadanos a los que critican ahora con saña. Aún aceptándolo, ningún cronista independiente le exige al Estado que establezca impuestos especiales para él.
Millones de españoles rara vez escucharán o seguirán en el cine o la televisión la producción de la mayoría de esos autores cuyo talento se ajusta a dos notas repetitivas, 300 palabras, la mitad tacos e insultos, y alguna serie televisiva con familias o amigos que se maltratan verbal y físicamente.
Hay algunos artistas, sí: Bieito Romero, de Luar na Lubre, Serrat o Raphael, que merece mucho respeto por constancia y profesionalidad. Y algunos más, de acuerdo.
Pero, junto a estos miembros de la SGAE aparece gente que nunca creó nada valioso ni pirateable, pero que exige vivir de nuestras fotos familiares, de nuestra informática, de los juguetes infantiles. De todo lo que tenga memoria electrónica.
Además, ahí están, por ejemplo, las señoras Pilar Barden, Lola Herrera, o los señores Juan Echanove y Juan Luís Galiardo, que se presentan también como autores y que exigen cobrar por nuestros teléfonos móviles.
El canon es una estafa de esta gente y de quienes la patrocinan para pagarles su eterno agradecimiento por el ¡No a la guerra!
Guerra, sí: ¡contra este canon, contra la piratería del canon!