Secesionismo lingüístico

El nuevo Estatuto catalán y el nacionalista que trata de crearse en Galicia no rompen España, pero crean un secesionismo cultural y laboral que provoca desencuentros con ciudadanos de otras regiones, lo que sí genera hostilidades mutuas.
Declarar obligatorio el conocimiento del catalán, el gallego, o el euskera después, para acceder a numerosas actividades en esas CC.AA. reduce notablemente las oportunidades para quienes no hayan nacido en ellas.
Esta aduana para la mayoría de los españoles es, aparentemente, un triunfo cultural y laboral de los habitantes originales de las Comunidades, que tendrán menos competencia externa para triunfar.
Pero las autoridades de regiones que son “no naciones”, donde habitan dos tercios de los españoles, podrían responder con una represalia típicamente diplomática, la retorsión.
Los políticos de esas “no naciones” pueden decidir no facilitarle trabajo ni contratos a quienes presenten títulos o referencias de las comunidades que rechazan a los que no hablan sus idiomas locales.
Decenas de millares de trabajadores, profesionales y empresarios catalanes, gallegos o vascos podrían encontrase sin salida fuera de su tierra de origen.
El amor al idioma regional está afectando ya a algunas funciones privadas típicamente liberales: pocos abogados no catalanes pueden actuar en Cataluña si desconocen el idioma local.
Como respuesta, hay letrados castellanohablantes que están reclamando en sus Colegios que se rechace a sus colegas catalanes como medida de retorsión por lo que consideran una agresión laboral.
La medida será inconstitucional, pero también debería serlo consagrar en los Estatutos el conocimiento obligatorio de una lengua no común en toda España, lo que hace extranjeros a la mayoría de los españoles en tres regiones.
Rechazar en numerosas funciones a los usuarios de la lengua común crea secesionismos culturales y laborales, y le reduce sus derechos a los ciudadanos.