Contra la libertad informativa

El socialnacionalismo y el independentismo que gobiernan Cataluña tienen como opositor principal no al Partido Popular, sino a la cadena radiofónica de la Iglesia católica, la COPE, a la que quieren cerrar porque los denigra sin compasión.
Para ello han creado el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), un instrumento más zafio que aquella censura franquista que, por lo menos, necesitaba sentencias judiciales para clausurar un medio.
Regido por los propios partidos, podrá multar y cerrar las empresas que, según su criterio e intereses ideológicos, mientan, es decir, a los disidentes: el mismo utensilio que usó el nacionalsocialismo de Hitler para acabar con la libertad en Alemania
Cierto que es difícil encontrar una cadena de radio que, como la COPE, ataque tan directa y cruelmente al poder, tanto catalán como del Gobierno central. Sus comunicadores no se autocensuran y usan abundantes adjetivos peyorativos para calificar al Gobierno, a la Generalitat, aunque también al PP e incluso a la Casa Real.
Su competencia de izquierdas, la SER utiliza otra técnica de agitación: consigue que en antena su público le llame loco y asesino a José María Aznar o a los militantes del PP, por ejemplo, pero sus estrellas nunca se mancharían profiriendo tales insultos contra nadie.
En la COPE, su principal informador-opinador, Federico Jiménez Losantos, se ahorra seleccionar a oyentes irritados: lo está él, y es él quien dice todo lo que se le ocurre.
La labor subrepticia de la SER, pues, es mucho más sutil y eficaz que la artillería de Losantos, que ahora está sometido a la vigilancia ideológica de la CAC, decidida a cerrar sus emisoras en Cataluña.
Aún estando en desacuerdo con la COPE, debemos recordar que su libertad garantiza la de todos nosotros: entre sus posibles mentiras o exageraciones dice también verdades que otros ocultan y que es necesario conocer. Además, nadie obliga a escuchar sus homilías político-informativas, por lo que si se hace es por voluntad propia.
Acosarla es un gravísimo ataque al derecho a la disidencia y a la libertad de información, un bien cuyo uso incorrecto solo debe de ser juzgado por los tribunales, no por políticos ensoberbecidos y dominados por su ideología e intereses personales y de grupo, muchas veces corruptos, y capaces de crear desde el socialnacionalismo una dictadura nacionalsocialista disfrazada de democracia.
Por el momento nadie acusó a la COPE de reclamar el exterminio de sus discrepantes, como hizo desde el periódico Avui, patrocinado por la Generalitat, Oriol Mallò, por lo que lógicamente será juzgado en los tribunales.
Más que los ataques desaforados de la COPE, las bromas indefinibles, aunque hilarantes –como la llamada falsa de Zapatero a Evo Morales--, lo que teme el poder es la denuncia de sus intereses más oscuros, tan bien protegidos por los medios afines.
Si lo que se propone el CAC lo hubiera abanderado el PP todos estaríamos seguros de que era una acción fascista. Y acertaríamos.
Pero en el PP ni los más ultraderechistas se atreverían a tanto. Este caso es mucho peor, porque viene de un socialismo nacionalista iluminado, detentador de la verdad patriótica única y que, con organismos así –añádase su policía idiomática, preludio de limpieza étnico-cultural y otros similares--, se encamina hacia el nacionalsocialismo.
Y el Gobierno central, junto con su mayoría parlamentaria, se propone hacer lo mismo a escala nacional. Ya tocará analizar el nuevo paso del fascismo estatal.